Toda la ayuda puede parecer poca cuando una mujer tiene un problema de malos tratos y necesita salir adelante. Hay casos y casos pero bien es cierto que en muchas ocasiones las víctimas se han quedado solas, aisladas y con problemas económicos. Ellas no han trabajado, dependen de sus maridos, la casa no es suya...
Pero una vez tomada la decisión de cortar con esa situación se vislumbran diferentes posibilidades. Entre ellas, encontrar un nuevo hogar. Eso es básico para retomar la normalidad, sobre todo, en el caso de mujeres con hijos. El Instituto de la Mujer en Almería y la Delegación de Obras Públicas fueron pioneros en tratar de dar solución al problema de acceso a la vivienda para estas luchadoras. Se hizo partiendo de la premisa de que la política en materia de mujeres debe de tener un carácter transversal. Por eso, la responsable del IAM, Adela Segura, se tuvo que poner de acuerdo con la Consejería de Obras Públicas para buscar alternativas en el asunto. Todo comenzó allá por 2005 cuando se realizó, a partir de estos contactos, un estudio que reflejaba las posibles viviendas de promoción pública que podían ser solicitadas por mujeres para su alquiler o venta -dependiendo de las condiciones tipificadas por la administración pública- una vez que, por ejemplo, habían sido desalojadas por diferentes irregularidades en el uso de las mismas por parte de sus moradores.
El resultado, sorprendente, fue que 76 alojamientos estaban disponibles en ese entonces o en un futuro más o menos cercano una vez que se concluyeran con los trámites pertinentes para dejarlos vacíos. Esos pisos o casas se encuentran en puntos tan variados de la provincia como Albox, Macael, Sorbas, Serón o el Poniente, además de en tres barriadas de la capital almeriense. El Instituto de la Mujer, a través de los centros comarcales, era el organismo que, por su parte, se ha venido encargando de hacer propuestas de candidatas para acceder al inmueble, teniendo en cuenta ciertos criterios referentes a la situación socio-económica de la beneficiaria y haciendo especial hincapié en las cargas familiares.
Las pegas
El único obstáculo de la historia, reconocen diferentes fuentes consultadas por IDEAL, es que las viviendas se encuentran en zonas más o menos marginales o conflictivas, donde más ha construido la empresa pública y, a veces, eso echa para atrás a las interesadas. Aún así, en los últimos años se ha registrado una compra en Almería capital por parte de una mujer a partir del desalojo de una casa, además de registrar dos contratos de arrendamiento a un precio simbólico mensual. A principios de este año, por otro lado, el IAM contaba con dos propuestas para este tipo de alquiler en la provincia por parte de víctimas de la violencia machista y estaba a la espera de que Obras Públicas determinara la disponibilidad total del espacio.
Esta iniciativa pionera en la provincia almeriense va a quedar en breve, según esperan desde el IAM, obsoleta. La razón se encuentra en la nueva Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada por el Parlamento de Andalucía hace unos meses. Dentro de las medidas para la recuperación integral de las víctimas se recoge que las administraciones públicas «podrán establecer un cupo de reserva de viviendas específico en aquellas promociones de vivienda protegida que se estimen necesarias» para alquiler o en régimen de propiedad a las mujeres que acrediten la situación de violencia de género y, lógicamente, considerando su situación económica.
Vícar ya ha mostrado su intención de marcar ese cupo al IAM. Habrá que ver a medida que se pongan en marcha promociones la respuesta de los diferentes ayuntamientos.
El de Almería sí reserva a otros colectivos como las personas con discapacidad.
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